LAS REFORMAS DEL 2024 RELATIVAS A LA SUSPENSIÓN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO EN MÉXICO, SU APLICACIÓN PRÁCTICA FRENTE AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

Abstract

La suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo en el Estado Mexicano ha tenido a través del tiempo distintos matices y alcances dentro de la legislación positiva mexicana, los cuales han sido objeto de reformas legislativas, no necesariamente concordantes entre sí, o en relación con los objetivos o la tutela que persigue dicha figura jurídica, acorde a la relevancia que la suspensión ostenta dentro del juicio de amparo, como medida precautoria. Bajo dichos parámetros, se debe tener presente al amparo, como medio de control constitucional, cuyo fin es garantizar la protección de los derechos humanos de los individuos, cuando han sido violados por una autoridad pública o por un particular, mediante actos u omisiones, incluso con motivo de la expedición de normas generales que puedan ser violatorias de derechos humanos, siendo que dentro de dicho medio de defensa, los peticionarios de amparo tienen a su alcance la figura de la suspensión de los actos reclamados, la cual, ha sido reinterpretada y matizada en cuanto a su fundamento legal por los órganos jurisdiccionales de amparo, con el objeto de ampliar su espectro protector, por ejemplo tratándose de la impugnación de los llamados derechos humanos de tercera generación, como lo pueden ser los derechos humanos en materia ambiental, esto para evitar daños de imposible reparación, previo a la emisión de la sentencia del juicio. Ahora bien, derivado de procesos legislativos, en fechas recientes ha sido emitido un Decreto de reforman a la Ley de Amparo, concerniente a la suspensión del acto reclamado en el juicio constitucional; así como el diverso Decreto de carácter Constitucional, que, entre diversos temas, aborda la misma materia del decreto señalado con antelación, los cuales serán estudiados en el presente trabajo, pues contienen la prohibición de manera categórica para el otorgamiento de la concesión de la suspensión de los actos reclamados con efectos generales.