Resumen:
La evolución del Estado de Derecho, ha permitido el reconocimiento de un nuevo sistema de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con el que se pretenden mayores garantías a la integridad en el patrimonio de los particulares cuando resultan afectados por la Actividad Pública.
En México la Responsabilidad Patrimonial del Estado se estableció en 1932 con la entrada en vigor del Código Civil del Distrito Federal, aplicable en materia federal a toda la República Mexicana, disponiendo en el artículo 1928 la obligación del Estado de responsabilizarse de los daños que fueran causados por culpa de sus servidores públicos, sistema denominado subjetivo y subsidiario, mediante el que los afectados debían demandar al servidor público el pago de daños y perjuicios y solamente en los casos que fuese insolvente, el Estado respondería por los daños.