Resumen:
En México, en los últimos años, la muerte violenta de mujeres por razones de
género, entendiéndose a esta como “violencia feminicida” ha incrementado, a
pesar de las acciones que el Estado Mexicano ha implementado para combatirla,
como en el caso específico del Estado de México donde en 11 de sus 125
municipios se ha declarado en dos ocasiones la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres1
; la primera, por el alto índice de violencia contra las mujeres
y, la segunda, a consecuencia de la desaparición de mujeres y niñas (Cámara
de Diputados, 2019).
Según datos y cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (2021) y de acuerdo con el informe “Violencia Feminicida en
México: aproximaciones y tendencias”, elaborado por ONU Mujeres, el Instituto
Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, en diciembre de 2020, en México, los feminicidios
han incrementado sustancialmente, pasando de 412 en 2015, 949 en 2020 a 969
en 2021, ocupando el Estado de México, el primer lugar.
Este fenómeno ha traído consigo múltiples consecuencias políticas, económicas
y sociales, así como múltiples daños a las familias, a la comunidad y a toda la
sociedad en su conjunto pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las
Mujeres (2020), existen 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición
de orfandad por feminicidio (NNAOF) entre enero y diciembre de 2019, según lo
reportado por 26 entidades federativas, pero las personas huérfanas del
feminicidio y sus familias “enfrentan solos el golpe de quedarse sin padres, sin
tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado” (Torres, 2017: 35).