Análisis, estudio y evaluación del proceso y ejecución de licitaciones públicas

Abstract

La gestión de los recursos financieros emanados del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos es una de las funciones verticales del Poder Ejecutivo de la Unión, en su carácter de responsable de la Administración Pública Federal y, por ende, su ejercicio debe responder a los parámetros de transparencia y rendición de cuentas que demanda el conjunto de la sociedad. No obstante, la gestión de los recursos financieros junto con la administración en la panorámica general sufre actualmente de una desconfianza derivada de un creciente número de problemáticas y entorpecimientos de tipo administrativo y financiero que comprometen la credibilidad en la utilización de los recursos económicos según Martínez (2018) solo un 28% de los mexicanos confía en el gobierno, sumado a casos que han puesto al descubierto prácticas financieras del gobierno envueltas en sobornos millonarios y fraudes maquinados, como los respectivos y conocidos casos de la empresa Oderbrecht y de la llamada “Estafa Maestra”. De hecho, al amparo del poder se han amasado enormes fortunas de políticos y empresarios que usaron diversas artimañas para enriquecerse con jugosos contratos para la realización de obras, que muchas veces son realizadas sin la calidad requerida, como sería el caso de la malograda Línea 12 del metro, cuyas deficiencias estructurales generaron un terrible accidente que según López-Castro (2024) cobró más de 100 personas heridas y 26 vidas humanas. En ese contexto, el análisis de una figura jurídica para un ejercicio transparente de dichos recursos financieros, que permite otorgar claridad en su destino, aplicación, objetivos y resultados, es esencial, en función directa de las llamadas licitaciones públicas, que están contempladas a nivel constitucional en su artículo 134 y cuya legislación reglamentaria es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.