Resumen:
La reforma constitucional de 2011 en México vino a revolucionar el campo de la interpretación y aplicación de los Derechos Humanos, en donde se amplió de manera magistral su importancia dentro de los procesos jurisdiccionales.
De esta reforma constitucional vino una oleada de reformas en los procesos jurisdiccionales, entre ellos el Juicio de Amparo, en donde se privilegiaban los derechos contenidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, se cambiaron a las garantías individuales, pero no solo en lo conceptual.
La reforma a la Ley de Amparo del 2 de abril de 2013 trajo cambios importantes y progresivos, privilegiando la ampliación de protección de los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales se encuentra el desarrollo del concepto de autoridad responsable, así como sus alcances. La Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, por primera vez en la historia, preveía a los particulares como autoridad responsable, siempre y cuando el acto reclamado se equiparara a los de una autoridad y su función naciera de una norma general.
Definitivamente significó un paso agigantado en la protección de derechos dentro de su horizontalidad, sin embargo lo novedoso en su conceptualización y en su introducción al campo del derecho, como en la mayoría de las nuevas figuras jurídicas, traen deficiencias, las cuales con el pasar del tiempo, tienen que corregirse y adaptarse al progreso de la ciencia jurídica, siendo el cumplimiento de la sentencias de amparo un tema que significa un reto para los órganos jurisdiccionales, en específico con esta figura novedosa de autoridad responsable.
El presente trabajo de investigación hace un análisis del cumplimiento de las ejecutorias de amparo para los particulares que se equiparan a una autoridad responsable dentro del Juicio de Amparo, en virtud de existir una laguna dentro de la ley reglamentaria, ya que se prevé un procedimiento de inejecución claramente dirigido a las autoridades responsables tradicionales, que puede significar una brecha para el cumplimiento en estos casos tan específicos.
El estudio de la figura con relación a su posición frente al cumplimiento de las sentencias de amparo nos permitirá desentrañar las necesidades de la legislación para ejercer la coercitividad a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales.