ANÁLISIS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA REFORMAS Y ADICIONES CONSTITUCIONALES, FRENTE A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Abstract

El juicio de amparo es una de las instituciones más sólidas del sistema jurídico mexicano, diseñada para proteger los derechos fundamentales de los individuos frente a actos de autoridad que los vulneren. No obstante, una de las áreas más controvertidas en cuanto a su aplicación es su procedencia en contra de reformas constitucionales que, a pesar de estar formalmente integradas en el texto constitucional, podrían ser violatorias de los derechos humanos. Partiendo de lo anterior, el objeto de estudio de este ensayo es el control de constitucionalidad y convencionalidad aplicable en el país. Para ello, se examinará tanto el contexto actual de protección constitucional en México como los marcos normativos y jurisprudenciales aplicables. Esto incluye la revisión de la Ley de Amparo, la Convención Americana de Derechos Humanos, del pacto federal mexicano, así como las recientes reformas constitucionales publicadas el quince de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro (DOF, 2024), que hasta el momento excluyen la posibilidad de que el amparo proceda contra reformas a la Constitución. A partir del año dos mil once y hasta nuestra actualidad, los avances en materia de derechos humanos, especialmente después de la reforma constitucional de 2011 (DOF, 2011), han elevado los estándares de protección de los derechos fundamentales en nuestro país. Sin embargo, este progreso ha abierto el debate sobre si las reformas constitucionales —por estar dotadas de un carácter supralegal— deben quedar exentas de todo tipo de control judicial, incluso cuando vulneren derechos esenciales, de ahí que la delimitación del tema se centra en la viabilidad jurídica de modificar la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para permitir que el juicio de amparo se utilice como un instrumento de defensa en estos casos específicos. Esto implicaría analizar los principios de supremacía constitucional y el control de convencionalidad, ambos fundamentales para garantizar que los derechos humanos no sean sacrificados bajo la premisa de cambios constitucionales formales.