Resumen:
El Código Nacional de Procedimientos Penales regula el procedimiento
abreviado, como mecanismo constitucional que permite acelerar la conclusión de un
juicio pero, aun cuando representa bondades, su instrumentación procesal ha sido
desafortunada, porque vulnera derechos humanos y principios procesales que
ocasionan desigualdad entra las partes, lo que eventualmente hace nugatoria su
aplicación o bien, resulta materia fértil para promover la corrupción y la impunidad.
Desde la experiencia jurisdiccional, se revisa el principio de igualdad en el
procedimiento abreviado en el contexto del sistema de administración de justicia en
México.